Las organizaciones nucleadas en la UTEP y los sectores de izquierda se preparan para un «febrero caliente». El plan de lucha contempla una movilización masiva el día en que el Senado debata el proyecto de ley enviado por la administración de Javier Milei.

Las agrupaciones sociales y piqueteras han definido una estrategia de movilización frente al Congreso Nacional para el próximo mes. El objetivo central es manifestar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, a la que califican como un embate estructural contra los derechos de los trabajadores, tanto del sector formal como del informal. Este escenario se desarrolla bajo una atmósfera de máxima fricción entre el sindicalismo, las organizaciones de base y el bloque parlamentario oficialista.

A pesar de las concesiones parciales realizadas por la Casa Rosada, los movimientos vinculados a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la izquierda consideran que las modificaciones no alteran la esencia del proyecto de “modernización laboral”. Sostienen que la iniciativa profundiza la precarización y busca desarticular el poder de negociación de los sindicatos.

El Congreso, centro de la disputa política

La tensión escaló tras la publicación del decreto 24/2026, mediante el cual el presidente Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocaron a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero. La reforma laboral se posiciona como uno de los cuatro ejes prioritarios de la agenda oficial.

El Gobierno busca una aprobación acelerada antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo. Según las previsiones del oficialismo, el debate en la Cámara Alta se daría entre el 10 y el 12 de febrero, con el miércoles 11 de febrero como fecha tentativa para el tratamiento en el recinto. Los organizadores de las marchas ya han marcado ese día como el punto álgido del conflicto.

Además del régimen laboral, el temario legislativo incluye acuerdos estratégicos como el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares.

El desafío del quórum en el Senado

Aunque La Libertad Avanza (LLA) aumentó su representación tras las últimas elecciones, sigue siendo minoría. Para sesionar y votar, requiere captar entre 16 y 17 votos adicionales para alcanzar el quórum de 37 senadores. En esta instancia, la figura de Patricia Bullrich será determinante; como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lidera la defensa del proyecto y la articulación de consensos.

La estrategia oficial incluye una mesa técnica liderada por la abogada Josefina Tajes, encargada de integrar sugerencias del PRO, la UCR y la CGT para evitar sorpresas durante la votación. Bullrich mantiene una agenda intensiva con bloques «dialoguistas», centrándose en senadores radicales y aquellos que responden directamente a gobernadores provinciales.

La negociación con las provincias es particularmente compleja debido al impacto fiscal de la «Modernización Laboral». El proyecto propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias corporativo del 35% al 31,5%. Se estima que esto restaría 1,6 billones de pesos de la masa coparticipable, lo que genera una fuerte resistencia entre los mandatarios provinciales que ya enfrentan caídas en sus ingresos.

Endurecimiento de las posturas sociales

Desde la conducción de la UTEP, Alejandro Gramajo criticó duramente la reforma, asegurando que el nuevo sistema de indemnizaciones «pretende pagar menos, en cuotas y utilizando fondos que pertenecen a los jubilados». Gramajo desestimó la premisa oficial de que la quita de derechos fomenta el empleo: “Si bajan al de arriba, pisan al de abajo”, sentenció.

Por su parte, el referente social Esteban “Gringo” Castro enfatizó que la norma no ofrece beneficios para la economía popular y que su rechazo es la única vía para preservar los derechos conquistados.

En este tablero, la Confederación General del Trabajo (CGT) juega una partida doble. Aunque rechaza de plano la flexibilización, la reducción de indemnizaciones y el límite al derecho de huelga, intenta negociar la eliminación de los artículos más perjudiciales a través de gobernadores y legisladores. No obstante, tras la movilización del 18 de diciembre, la central obrera advierte que podría convocar a un paro nacional si el núcleo de la reforma avanza sin cambios sustanciales.

Un desenlace abierto

El tratamiento del proyecto en febrero marca el inicio de una fase decisiva para el Gobierno de Milei. Mientras el oficialismo apuesta a su capacidad de cierre político para obtener una ley emblemática, los sectores populares miden su fuerza de convocatoria en las calles. El Congreso será, una vez más, el epicentro donde se dirima el futuro del modelo laboral argentino y el equilibrio de poder social para el resto del año.