El vicerrector Emiliano Yacobitti difundió una nota firmada por el subsecretario de Políticas Universitarias donde se admite que los fondos aún no han sido depositados. La réplica oficial del Poder Ejecutivo.

La tensión entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la administración central sumó un nuevo capítulo de confrontación. En las últimas horas, el vicerrector Emiliano Yacobitti hizo pública una misiva oficial que confirmaría que el Poder Ejecutivo no ha transferido los recursos previstos para el funcionamiento de los centros de salud dependientes de la institución.

El documento, suscrito por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoce de forma explícita que, a la fecha, no se han efectuado los giros correspondientes a las partidas de las instituciones médicas universitarias. Al respecto, Yacobitti cuestionó duramente la demora: “Un mes después de nuestro reclamo y cinco horas después de la conferencia de los médicos, llegó la respuesta de Álvarez admitiendo que no se transfirió un solo peso de gastos operativos. A confesión de parte… Cumplan la ley”.

En el texto de la Subsecretaría se precisa que, según la Ley de Presupuesto 2026, existe una asignación específica de $79.763.113.948 destinada al conjunto de los hospitales universitarios del sistema. No obstante, Álvarez aclaró que dicho crédito no está distribuido por institución, por lo que su área se encuentra evaluando parámetros técnicos para realizar un reparto «eficiente» entre todas las universidades nacionales que poseen hospitales.

La disputa por los números y el reparto

El núcleo del desacuerdo reside en la interpretación de la partida “Hospitales Universitarios”. La UBA exige el traspaso de $75.371.896.068, cifra que equivale al 94,5% del total nacional para este rubro. Por su parte, el Gobierno objeta esta pretensión, argumentando que los recursos deben distribuirse equitativamente entre todas las universidades del país que prestan servicios de salud, bajo criterios de objetividad y no de exclusividad.

Esta nueva fricción se desencadenó luego de que el subsecretario Álvarez publicara en sus redes sociales las planillas de transferencias bajo el concepto de “función salud”, pero omitiera los fondos específicos de la Ley de Presupuesto para los hospitales, punto que las autoridades de la UBA denunciaron como una maniobra de desinformación.

Desde el sector oficial, Álvarez calificó como «inadmisible» que la UBA pretenda apropiarse de casi la totalidad del crédito presupuestario nacional. En diálogo con Infobae, el funcionario aseguró: “El Estado Nacional está al día con todas las transferencias de acuerdo al presupuesto”. Además, puntualizó que el reclamo de la UBA dejaría apenas $4.000 millones para repartir entre los hospitales universitarios de Córdoba, Chaco, Cuyo y La Plata, rechazando el criterio de “siempre primero la UBA”.

El Ejecutivo detalló que la UBA percibe mensualmente $4.882.724.440 para su funcionamiento general, desglosados en salud ($150,3 millones), educación ($4.674,1 millones) y ciencia y tecnología ($58,1 millones), remarcando que estos pagos se realizan con absoluta regularidad.

Hacia una nueva Marcha Federal Universitaria

En este escenario de parálisis financiera, la Universidad de Buenos Aires ratificó la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el próximo martes 12 de mayo. La movilización principal está prevista para las 17:00 en Plaza de Mayo.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). A través de un video oficial, las entidades subrayaron la importancia de la movilización: “Ya defendimos la educación pública y gratuita juntos, pero decidieron no escucharnos. Nadie debe estar por encima de la ley”.

El reclamo central de la comunidad educativa es la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). Dicha norma fue sancionada por el Congreso en octubre de 2025 y su vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, tras el intento del Ejecutivo por frenar su aplicación.