El Ministerio Público Fiscal ha formalizado la imputación de quince personas en lo que describe como el desmantelamiento de una “enorme trama de corrupción” que operaba centralmente en la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Los investigadores judiciales han descubierto lo que califican como “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios públicos” dentro de un caso que tiene implicaciones directas en el Gobierno del presidente Javier Milei. De acuerdo con el dictamen de imputación presentado por el Ministerio Público Fiscal, la parte acusatoria dentro del sistema jurídico argentino, se sostiene que una organización delictiva con base en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) habría desviado de las arcas públicas una suma que asciende, como mínimo, a 43.000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 30 millones de dólares. El mecanismo utilizado por esta red consistía en direccionar la compra de medicamentos e insumos esenciales con sobreprecios significativos, a la vez que se efectuaba el pago de sobornos a altos funcionarios dentro del mismo organismo.
Uno de los individuos señalados como principal acusado en el caso es el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, quien hasta el momento en que estalló el escándalo ejercía como abogado personal del presidente Milei. La lista de las quince personas imputadas incluye a una combinación de exfuncionarios, empresarios e intermediarios, quienes han sido citados por la justicia para presentarse a prestar declaración indagatoria a partir de este mismo martes.
El alcance del caso se extiende aún más cerca del círculo íntimo del presidente ultraderechista de Argentina. Su hermana, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia, es mencionada en grabaciones y mensajes que han sido incorporados al expediente judicial. En dichos diálogos, se la nombra como presunta receptora de sobornos que representarían un porcentaje de las operaciones ilícitas investigadas.
Las irregularidades detectadas en la Andis, la entidad responsable de proveer atención y recursos a personas con discapacidades, salieron a la luz pública en agosto pasado. En aquel momento, se filtraron audios que contenían diferentes conversaciones donde una voz, presuntamente la de Spagnuolo, detallaba la existencia de un esquema de contratos amañados con empresas farmacéuticas y proveedoras de insumos para la salud. A cambio de resultar beneficiadas, se alega que las firmas pagaban sobornos fijos del 8%: un 5% de ese porcentaje se distribuía entre el primer nivel de funcionarios involucrados y el 3% restante estaba destinado al vértice superior de la estructura. En esa cúspide se mencionaba a Karina Milei, al influyente subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, y a otros funcionarios que estaban bajo la supervisión directa de Spagnuolo en la Agencia. La misma voz en los audios aseguraba haber puesto en conocimiento al presidente de la República sobre estos hechos, sin haber obtenido resultados o acciones correctivas.
La reacción del Ejecutivo de Milei ante la difusión de estos audios fue negar categóricamente la veracidad de los hechos y proceder al despido inmediato de Spagnuolo y otros funcionarios de la Andis. El presidente ultraderechista, en defensa de su hermana, acusó públicamente al kirchnerismo de estar “sembrando el caos de manera descarada” en el período previo a las elecciones legislativas.
Luego de tres meses de exhaustiva investigación, el fiscal federal Franco Picardi elaboró un dictamen minucioso que consta de 276 páginas. Este documento se dio a conocer en las últimas horas, una vez que se levantó el secreto de sumario que pesaba sobre la causa. Para la elaboración de este dictamen, el fiscal no se basó únicamente en los audios que habían sido filtrados a la prensa, sino que otorgó sustento a la acusación a través de las pruebas recabadas en el registro de propiedades y en los dispositivos electrónicos incautados a los acusados, entre otras medidas de prueba.
La fiscalía ha determinado de manera fehaciente que, entre los años 2024 y 2025, la Andis “estuvo abocada a fungir como el centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”. Se la describe como “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal”, mediante los cuales se abonaron “sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando”. Según la conclusión del fiscal, la Andis “se puso al servicio del interés privado de un grupo de empresarios y funcionarios públicos”, conformando “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social”. Los investigadores han calculado que, entre julio del año pasado y el pasado mes de agosto, las adjudicaciones tramitadas de forma irregular habrían desviado más de 43.000 millones de pesos.
El dictamen de la fiscalía formaliza la acusación contra quince personas, incluyendo a Spagnuolo, a los exdirectores de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian, y a empresarios vinculados a las firmas Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, entre otros. El juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, ya dictó una orden de detención —la de Atchabahian, emitida el viernes pasado— y ha convocado a declaración indagatoria al resto de los acusados. Todos ellos comenzarán a desfilar por los tribunales federales a partir de este martes.
