Un amplio arco de diputados nacionales, que incluye a legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas, presentó un ambicioso proyecto de ley para declarar la Emergencia Salarial Educativa por un periodo de cinco años. La iniciativa surge como respuesta a la profunda pérdida del poder adquisitivo de los educadores durante la administración de Javier Milei, la cual estiman en un 19% en los últimos dos años. El eje central de la propuesta es la creación de un esquema de compensaciones federales que llegaría directamente a los bolsillos de los trabajadores de la educación estatal en todo el país.

El diagnóstico de los legisladores advierte sobre un desfinanciamiento sistémico, señalando que la inversión educativa real sufrió una contracción del 47,7%, alcanzando en 2025 su nivel más bajo en las últimas dos décadas en relación al PBI. Los autores del proyecto denuncian que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), sumada a la parálisis de la paritaria nacional y el veto a leyes de financiamiento, ha generado una crisis de sostenibilidad en 19 de las 24 jurisdicciones. En este sentido, cuestionan la «incongruencia» del relato oficialista, que declara a la educación como servicio esencial por decreto, mientras retira los fondos necesarios para garantizar la dignidad de quienes sostienen las aulas.

La propuesta económica consiste en un Complemento Federal mensual de $52.269 para todos los docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria, al que se sumaría una Compensación Federal adicional de $67.204 para aquellos que desempeñen sus tareas en escuelas de alta vulnerabilidad. El financiamiento de este beneficio, que podría totalizar un extra de $119.473 entre marzo y diciembre, provendría del 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), garantizando un mecanismo automático que termine con el uso discrecional de dichos recursos por parte del Poder Ejecutivo.

Además de la recomposición salarial, el proyecto busca revertir el deterioro de la infraestructura escolar mediante la reasignación de los fondos de los ATN correspondientes a 2025 que no fueron ejecutados. Se trata de una partida de $740.500 millones que se destinaría íntegramente a obras y mantenimiento: el 75% para niveles inicial, primario y secundario, y el 25% restante para escuelas técnicas estatales. Los impulsores remarcan que el plan no crea nuevos impuestos ni modifica la coparticipación, sino que exige al Estado Nacional retomar su responsabilidad ante una crisis que hoy descarga su costo sobre las provincias.

La iniciativa cuenta con el respaldo de una extensa nómina de diputados, entre ellos Nicolás Trotta, Miguel Ángel Pichetto, Marcela Pagano y Maximiliano Ferraro, quienes coinciden en que el Congreso debe actuar como garante del derecho a la educación ante la retracción del Estado. Según los autores, la sostenibilidad del sistema educativo argentino es inseparable de salarios dignos y condiciones edilicias adecuadas para los más de 7 millones de estudiantes y 900 mil trabajadores que hoy se encuentran bajo la presión del ajuste.