El tratamiento parlamentario del Presupuesto 2026 entra en su fase decisiva con la sesión especial convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para este viernes al mediodía. El proyecto desembarca en el recinto del Senado contando ya con el dictamen favorable obtenido el pasado 19 de diciembre, tras el impulso dado por Patricia Bullrich como jefa del bloque oficialista, quien busca ratificar la media sanción alcanzada previamente en la Cámara de Diputados. A pesar de este avance legislativo, la iniciativa enfrenta severas críticas de diversos bloques opositores, quienes concentran sus cuestionamientos en el polémico artículo 30 por las implicancias directas que tiene sobre el sostenimiento económico de la educación, el desarrollo científico y la defensa nacional.
Dicho apartado del proyecto propone una reforma estructural al derogar normativas fundamentales de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. La consecuencia inmediata de esta medida sería la eliminación de la meta histórica que obligaba al Estado a invertir el 6% del Producto Bruto Interno en el área educativa, además de recortar los recursos específicos para la formación técnica y afectar las partidas del sistema científico nacional. En el ámbito de la ciencia y tecnología, el artículo 30 deja sin efecto el incremento gradual del presupuesto que pretendía alcanzar el 1% del PBI para el año 2032, al tiempo que elimina el piso de financiamiento del 0,2% de los ingresos corrientes destinado al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional. Asimismo, la normativa impacta en la defensa al suprimir el financiamiento equivalente al 0,35% de los ingresos corrientes que establecía la ley del Fondef.
Desde el peronismo, las voces de rechazo han sido contundentes, destacándose la postura del senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien calificó la hoja de ruta económica de Javier Milei como un ajuste drástico que compromete el desarrollo futuro del país al desatender la educación. En una línea similar, legisladores de Unión por la Patria mantuvieron encuentros con estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas para visibilizar el riesgo que corre la formación profesional especializada si se concreta la derogación del artículo 52 de la ley vigente desde 2005. Al respecto, el senador Jorge Capitanich recordó la importancia de este fondo, señalando que en las últimas dos décadas permitió una inversión millonaria para infraestructura y equipamiento escolar, con interrupciones mínimas solo en contextos de excepcionalidad política o sanitaria.
El panorama político muestra fisuras incluso en bloques dialoguistas, ya que mientras el sector de Convicción Federal ha confirmado que no avalará los recortes en ciencia y educación, la Unión Cívica Radical evidencia una división interna. Si bien Eduardo Vischi comunicó al oficialismo que la mayor parte del radicalismo acompañará el texto tal como fue enviado por Diputados, senadores como Maximiliano Abad y Flavio Fama han manifestado su oposición a las reducciones presupuestarias en áreas estratégicas. Por otro lado, gremios docentes como CETERA denuncian que estas medidas profundizan una política de desfinanciamiento iniciada a finales de 2023, tildándola de una nueva etapa de ajuste contra el sistema público.
En la vereda opuesta, el oficialismo mantiene la confianza en lograr la sanción definitiva apoyándose en una mayoría simple que esperan consolidar con 37 senadores. Para fortalecer su propio bloque de 21 legisladores, la presidencia del Senado tomará juramento a Enzo Fullone, representante de Río Negro que asume en lugar de Lorena Villaverde. Desde el Ejecutivo, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, ha justificado la validez del artículo 30 argumentando que es necesario romper con la lógica de un gasto público desmedido que, bajo la premisa de ampliar derechos, solo habría generado una dependencia estatal ineficiente durante las últimas décadas.
