Referentes políticos interpusieron un recurso de apelación contra la decisión judicial que denegó el tratamiento inmediato de una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025. La normativa, que modifica la estructura del sistema de inteligencia nacional, es señalada por los recurrentes como una amenaza directa a la privacidad y la intimidad debido a la ausencia de controles judiciales previos.

Los impulsores del reclamo y el amparo colectivo

La apelación fue articulada por los letrados Miguel Ángel Pierri y Martín Nahuel Montalto, en representación de una coalición de dirigentes que incluye a Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Luis Cáceres, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile. El recurso se da en el marco de una acción de amparo colectivo dirigida contra el Estado Nacional.

Argumentos contra la vigencia del decreto

El núcleo de la presentación cuestiona la resolución dictada el 15 de enero de 2026, mediante la cual el juzgado federal de feria desestimó habilitar el receso administrativo, postergando así el debate sobre la cautelar. Los apelantes sostienen que esta negativa les causa un “gravamen actual y concreto”, dado que el DNU ya se encuentra operativo y produciendo efectos jurídicos, sin que el Poder Ejecutivo haya dispuesto suspensión alguna de su aplicación.

Entre los puntos más críticos señalados en el escrito, se destacan:

• Tareas encubiertas: Se advierte que el decreto faculta al sistema de inteligencia para realizar labores de vigilancia e intercambio de información sin supervisión judicial anterior.
• Daño irreversible: Los dirigentes subrayaron el «peligro en la demora», argumentando que las injerencias en la esfera privada bajo un régimen de secreto estatal son de «imposible recomposición ulterior» una vez ejecutadas.
• Acceso a la Justicia: El recurso critica el “excesivo rigor formal” del juzgado al apoyarse en acordadas de la Corte Suprema para bloquear el tratamiento del tema durante el receso, lo que podría tornar «ilusoria» cualquier sentencia futura.

La postura del juzgado y otros amparos en curso

Previamente, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, se había opuesto a habilitar la feria, alegando que los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la reforma deben ser abordados por los jueces naturales una vez reanudada la actividad ordinaria en febrero.

No obstante, el DNU ha generado una ola de presentaciones judiciales. Además del grupo mencionado, los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica), el legislador Esteban Paulón (Partido Socialista) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han interpuesto sus propios amparos colectivos solicitando la suspensión inmediata de la norma.