A través del Decreto 84/2026, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Esta medida no responde a una iniciativa autónoma de la gestión actual, sino al cumplimiento de una sentencia dictada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que obligó al Estado a dar operatividad a la norma en un plazo de 30 días tras meses de inacción.
La ley en cuestión fue fruto de la insistencia del Congreso luego de que el Ejecutivo intentara un veto total en agosto de 2025. Pese a su promulgación en septiembre de ese año, el Gobierno había mantenido suspendida su aplicación alegando falta de previsión financiera, interpretación que fue revertida por un amparo colectivo en sede judicial.
Reconocimiento de la presión judicial y nuevo esquema institucional
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo admite que la reglamentación se dicta «en virtud de las decisiones dictadas en la referida causa judicial», aunque aclara que la medida se toma sin consentir los fundamentos del fallo, el cual ya fue apelado por el Estado.
La normativa ratifica la centralización de las políticas del sector bajo la órbita del Ministerio de Salud, a través de la flamante Secretaría Nacional de Discapacidad. Este cambio de estructura se consolida tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), buscando unificar las dimensiones sanitarias y sociales de la protección estatal.
El nuevo sistema de Pensiones No Contributivas
Un punto crítico de la reglamentación es la puesta en marcha del régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. El decreto establece:
- Conversión de oficio: Las pensiones otorgadas previamente se transformarán automáticamente sin necesidad de trámites por parte del beneficiario.
- Administración: El pago y gestión quedan bajo la tutela de la ANSES.
- Condiciones: El beneficio mantiene su carácter inembargable e intransferible, pero obliga a los titulares a informar cualquier cambio socioeconómico o de salud en un plazo de 15 días hábiles.
Alivio fiscal y compensaciones para prestadores
Para mitigar la crisis del sector, la norma introduce mecanismos de regularización y apoyo económico:
- Condonación tributaria: Se establece un régimen para deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025, con perdón de hasta el 100% de intereses y multas no firmes para sujetos bajo la Ley N° 24.901.
- Compensación de emergencia: Se prevé un pago extraordinario para prestadores que facturaron entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, cuya validación será gestionada por la Superintendencia de Servicios de Salud.
En el plano federal, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá convocar al Consejo Federal de Discapacidad para unificar criterios de evaluación y diseñar un plan de auditorías en un plazo de 30 días.
Nuevas autoridades en el área
En sintonía con estos cambios, el Decreto 83/2026 formalizó a los nuevos responsables de la política pública en la materia:
- Secretario Nacional de Discapacidad: Dr. Alejandro Alberto Vilches.
- Subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos: Lic. Gianfranco Scigliano.
- Subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos: Abog. Esteban Rafael Giler.
El fallo del juez González Charvay
La aceleración de estos trámites fue consecuencia directa de la intimación del magistrado Adrián González Charvay, quien exigió pruebas concretas de cumplimiento de la ley ante un sistema que enfrentaba pagos atrasados y riesgo de cierre de instituciones. Si bien el decreto ordena el marco administrativo, llega en un momento de máxima tensión para las familias y organizaciones que denunciaron recortes y falta de reglas claras durante la transición.
