El Gobierno nacional se enfrenta este viernes 26 de diciembre a una instancia institucional decisiva en el Senado, donde se pondrá en juego no solo la proyección financiera del próximo año sino también la estabilidad de su agenda política. Tras un intenso mes de gestiones con los mandatarios provinciales, la administración central busca obtener la sanción definitiva del Presupuesto 2026, con el objetivo primordial de normalizar la planificación estatal luego de dos ejercicios consecutivos sin una ley presupuestaria aprobada. En la misma jornada, la Cámara Alta deberá tratar el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, una iniciativa que pretende modernizar el Régimen Penal Tributario y agilizar la liquidación del Impuesto a las Ganancias mediante declaraciones simplificadas.
Sin embargo, el clima parlamentario está marcado por la cautela ante la posibilidad de que se repita el escenario ocurrido en la Cámara de Diputados, donde la resistencia de los bloques provinciales logró desestimar capítulos enteros del texto original. En aquella oportunidad, quedaron fuera del proyecto la suspensión de leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, así como modificaciones en la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires y la revisión de regímenes de subsidios para zonas frías. Actualmente, la atención se concentra en el artículo 30, el cual propone la derogación de normas que garantizan pisos mínimos de inversión en educación y ciencia.1 Esta reforma implicaría retirar el compromiso de invertir el 6% del PBI en el sistema educativo y anularía el esquema de financiamiento progresivo para ciencia y tecnología, que apuntaba a alcanzar el 1% del PBI en 2032.2 Asimismo, el texto pone en jaque la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y del Fondo Nacional de Defensa.
La preocupación del oficialismo trasciende el contenido ideológico del ajuste, ya que cualquier modificación que el Senado introduzca obligaría a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados en un margen de tiempo extremadamente crítico. Con el cierre de las sesiones extraordinarias fijado para la medianoche del 30 de diciembre, solo quedarían dos días para dictaminar y sancionar nuevamente la ley, lo que ha llevado al Gobierno a coordinar la disponibilidad inmediata de los legisladores provinciales ante un eventual llamado de urgencia a la Capital Federal.
En cuanto a las variables macroeconómicas proyectadas para 2026, el Poder Ejecutivo estima un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5,4% y una inflación anual del 10,1%.3 Un dato llamativo es la previsión del tipo de cambio, situado en $1.423 para finales del próximo año, una cifra que sugiere una apreciación de la moneda nacional frente a la cotización actual de $1.475 registrada en la jornada previa a la sesión.4 El plan económico se completa con la meta de un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.5 Por su parte, informes de la Oficina del Presupuesto del Congreso indican que la recaudación mostrará un leve incremento, sustentado principalmente en los impuestos a los Combustibles y a las Ganancias, compensando la caída prevista en Bienes Personales. El esquema también contempla un aumento del 31,1% en las transferencias a las provincias y una fuerte inversión en empresas públicas.
Simultáneamente, la Ley de Inocencia Fiscal busca redefinir la relación entre el fisco y los contribuyentes mediante la actualización de los montos para distinguir infracciones administrativas de delitos penales. Bajo esta nueva normativa, los umbrales para considerar una evasión como «simple» se elevarían a $100 millones, mientras que la «calificada» requeriría montos superiores a los $1.000 millones. El proyecto se complementa con una actualización de multas y un beneficio para contribuyentes cumplidores, quienes gozarían de plazos de prescripción reducidos. Finalmente, se propone un régimen de declaración jurada simplificada para individuos con patrimonios menores, donde la propia autoridad fiscal confeccionará la liquidación basándose en sus registros, liberando al ciudadano de trámites adicionales siempre que cumpla con los pagos en tiempo y forma.
