El trágico episodio en el colegio Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente protagonizó un tiroteo que terminó con la vida de un menor de 13 años, ha desencadenado un preocupante efecto contagio a nivel nacional. Bajo el macabro eslogan “Mañana tiroteo”, las amenazas se han multiplicado a través de graffitis en baños escolares y alertas en redes sociales, generando una psicosis colectiva que ya llegó a los tribunales.
La magnitud del fenómeno es inédita: entre el mediodía del miércoles y las primeras horas de este viernes, la Justicia de San Isidro acumuló 600 denuncias. La investigación está centralizada por el fiscal Andrés Zárate, titular de la Fiscalía Penal Juvenil de la jurisdicción.
El sistema de seguridad en alerta
Con 60 comisarías en una zona que abarca desde Vicente López hasta Tigre, el desborde es operativo y judicial. Cada dependencia policial debe cubrir entre 8 y 10 establecimientos educativos. «En un mismo colegio llegamos a tener de 10 a 12 denuncias radicadas por distintos alumnos o padres», reveló una alta fuente vinculada al expediente.
En este marco, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Eduardo Ader” de Villa Adelina fue uno de los focos de investigación. Allí, la Policía Bonaerense logró aprehender a un alumno de edad punible, quien fue individualizado tras postear una historia en Instagram con una amenaza directa contra la institución.
El caso de La Matanza: amenazas por WhatsApp
La problemática no se limita al norte del conurbano. En la zona oeste, la DDI de La Matanza allanó la semana pasada a un exalumno del colegio parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi. El joven habría difundido en un grupo de WhatsApp de estudiantes que «iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos».
La amenaza fue acompañada por fotografías de armas de fuego enviadas desde un número privado. Según fuentes de la causa, el joven llegó a decir que la supuesta masacre «se suspendía por lluvia». Tras la denuncia de una madre, la Justicia de Menores rastreó al sospechoso, un exalumno que había dejado la institución hace dos años y que actualmente se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.
Antecedentes y encuadre legal
Este fenómeno remite a lo identificado hace una década por el fallecido fiscal federal Federico Delgado respecto a las amenazas de bomba, habituales en épocas de exámenes. Sin embargo, lo que suele iniciarse como una «travesura» para evitar evaluaciones termina invariablemente en los juzgados federales de Comodoro Py, ya que estas acciones constituyen el delito de intimidación pública.
El análisis de Delgado en su momento mostró la estacionalidad del delito: mientras que en mayo de 2014 recibió solo 14 denuncias, en noviembre de 2015 —pleno cierre de ciclo lectivo— la cifra escaló a 130 causas, con un promedio de casi 9 llamados diarios al 911 alertando sobre explosivos inexistentes. El escenario actual, aunque con una modalidad distinta vinculada a tiroteos, replica y supera aquel pico de hostilidad en el ámbito escolar.
