El Gobierno Nacional, a través del Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, ha desregulado los aranceles de los colegios de gestión privada, medida que ya genera la expectativa de fuertes aumentos en las cuotas.

La decisión gubernamental, presentada bajo el pretexto de «evitar los aumentos exorbitantes en marzo», permite ahora a las instituciones educativas privadas incrementar sus aranceles en cualquier momento del año, sin necesidad de notificación anticipada ni de previa autorización estatal.

El Decreto 787/2025 deroga el Decreto 2417/93, que complementaba el marco regulatorio para la educación pública de gestión privada. Con esta modificación, los colegios dejan de requerir la autorización estatal previa para ajustar los montos de sus cuotas y matrículas. En adelante, podrán modificar sus precios en función de la «realidad económica y los costos operativos, adaptándose a las fluctuaciones del mercado», sin tener que comunicar los nuevos valores con una anticipación considerable a las familias.

Por el momento, la desregulación aplica exclusivamente a los colegios de gestión privada sin aportes estatales, un grupo que representa aproximadamente el 6% del total de establecimientos educativos en Argentina, es decir, alrededor de 2.000 instituciones distribuidas en el país. No obstante, el alcance de la normativa a las demás instituciones privadas a corto plazo es incierto.

La medida fue activamente respaldada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró que las instituciones de enseñanza privada ya no tendrían que aplicar fuertes aumentos concentrados al inicio del año escolar. «Chau a los saltos exhorbitantes en las cuotas de colegios privados en marzo (Sic)», escribió el funcionario en su cuenta de X, incluyendo un error de ortografía.

Sin embargo, el ministro omitió precisar que el fin de la concentración de aumentos anuales se debe a que ahora estos establecimientos podrán realizar ajustes a lo largo de todo el año y sin tener que prevenir a las familias «con anticipación considerable». Sturzenegger, en cambio, defendió la desregulación afirmando que las normativas ahora eliminadas correspondían a un esquema similar al de la ley de alquileres que «obligaba a estos colegios a fijar aumentos anticipados y que, luego de implementados en marzo, debían mantenerse por un año», un escenario que, según él, «generaba aumentos de cuotas sobredimensionadas» al inicio del ciclo lectivo.

Adicionalmente, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano, que contiene a la Secretaría de Educación, a llevar a cabo una revisión de las pautas establecidas en el Decreto 2542 de 1991, el cual instauró originalmente un sistema de financiamiento para la educación pública de gestión privada, y a elevar una propuesta de modificación. La justificación para esta revisión es que la norma original fue dictada cuando la administración de la educación aún dependía del Gobierno nacional, un contexto que cambió tras la transferencia de esta competencia a las provincias, en concordancia con el principio federal.