¿Asistimos a una revolución del trabajo autónomo o somos testigos de la erosión estructural del empleo formal? El tercer trimestre de 2025 arrojó un dato que exige una lectura profunda antes que festejos apresurados: el trabajo independiente alcanzó el 24,5% del empleo total en los 32 aglomerados urbanos relevados por la EPH-INDEC.
Esta cifra se ubica apenas medio punto por debajo del máximo histórico registrado durante la pandemia en 2020. En términos absolutos, hablamos de 3,3 millones de cuentapropistas, lo que representa un crecimiento del 42,2% respecto a los niveles de 2016. En contraste, el empleo asalariado retrocedió al 71,9%, marcando su segundo valor más bajo en una década y situándose un 2,5% por debajo del pico alcanzado en 2023.+1
La pregunta sobre la naturaleza de este fenómeno no es retórica, ya que impacta directamente en la viabilidad de la reforma laboral que el Gobierno debate actualmente en el Congreso.
Existe una trampa analítica que confunde volumen con calidad. Que la cantidad de personas trabajando por cuenta propia aumente no garantiza que sea una elección de vida; a menudo, es la única alternativa frente a la falta de vacantes formales. Es el equivalente a celebrar un récord en la venta de paraguas sin advertir que, simplemente, ha comenzado a llover más fuerte.
La macroeconomía del periodo refuerza esta idea. Entre 2021 y 2023, cuando el sector formal mostró signos de recuperación post-pandemia, el cuentapropismo retrocedió cuatro puntos porcentuales, mientras que el empleo asalariado escaló hasta el 74,8%. El patrón es innegable: cuando el empleo formal se expande, el independiente cede; cuando el formal se contrae, el independiente se convierte en refugio. En economía laboral, esto se define como «empleo de subsistencia»: una necesidad que se disfraza de libertad.
Los promedios estadísticos suelen ocultar una realidad dolorosa: muchos trabajadores migran al cuentapropismo porque sus empleadores bajaron la persiana. Entre 2023 y 2025, Argentina atravesó una contracción empresarial severa. La caída del consumo, el encarecimiento del crédito y los altos costos operativos forzaron a miles de PyMEs al cierre.
Los 200.000 trabajadores que abandonaron el empleo asalariado formal en ese periodo no desaparecieron. Se reconvirtieron: el empleado de logística hoy es chofer de aplicaciones; el operario de una fábrica de muebles es carpintero por cuenta propia; el vendedor de retail sobrevive en la informalidad. La estadística los etiqueta como «cuentapropistas», pero la realidad los encuentra trabajando más horas por menos ingresos y sin seguridad social.
Datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirman niveles críticos de suspensiones y reducciones horarias durante 2025. Este fenómeno sistémico es el que alimenta el contador de independientes que el INDEC registra como presunto «dinamismo laboral».
Los datos regionales revelan que el fenómeno no es temperamental, sino estructural. Mar del Plata encabeza el ranking de cuentapropismo con un 32,5%, seguida por Posadas (32%) y Gran Resistencia (30,7%). En el extremo opuesto, Río Gallegos registra apenas un 9,2%.+1
La brecha es reveladora: ciudades con fuerte presencia estatal —como Río Gallegos, Ushuaia o Gran Catamarca— muestran índices de cuentapropismo bajos y niveles de asalariados formales altísimos (Río Gallegos llega al 88,3%). En economías donde el Estado actúa como empleador de última instancia, la informalidad es menor. En cambio, donde el sector privado debería liderar, el mercado está fragmentado. El caso de Gran Resistencia, donde el cuentapropismo creció 14,3 puntos desde 2016, no refleja un auge de startups, sino una economía provincial incapaz de generar empleo genuino por más de una década.
El análisis del cuentapropismo colisiona con el debate parlamentario actual. El oficialismo presenta su reforma laboral como la «llave maestra» para modernizar el mercado y reducir la informalidad. Sin embargo, el abogado Julián de Diego, uno de los redactores del proyecto, reconoció con sinceridad: «Ninguna normativa genera empleo por sí misma». Solo el crecimiento económico sostenido impulsa la demanda de trabajadores.
La comparación internacional es ilustrativa:
- Brasil (2017): Implementó una reforma de flexibilización y reducción de costos con resultados ambiguos. El desempleo no bajó significativamente y la informalidad creció. El problema era la demanda deprimida, no la ley.
- España (2022): Logró reducir la temporalidad del 26% al 17% y potenciar el empleo indefinido. La clave no fue solo el texto técnico, sino que la economía española estaba en fase de crecimiento.
En microeconomía, el trabajo es una demanda derivada. Las empresas no contratan por voluntad administrativa, sino porque necesitan producir para satisfacer una demanda existente. Si el poder adquisitivo cae y el consumo se retrae, ningún incentivo fiscal creará empleo asalariado sostenible.
Reducir los costos de despido puede incentivar la contratación en momentos de auge, pero en recesión, el argumento pierde peso: las empresas no dejan de contratar porque despedir sea caro, sino porque vender es difícil.
Detrás de los 3,3 millones de independientes hay una precariedad que los promedios suavizan. El cuentapropismo convive con la falta de crédito, la ausencia de cobertura por enfermedad y una volatilidad de ingresos que impide proyectar. En la planilla del INDEC, un consultor financiero y un plomero son lo mismo; en la vida real, sus seguridades son opuestas.
El dato alarmante no es el auge del independiente, sino la caída del asalariado: de 10 millones en 2023 a 9,8 millones en 2025.
¿Está Argentina generando las condiciones para que el empleo formal resurja, o está administrando el deterioro mientras vende una reforma legal como solución mágica?
Reformar las leyes de contratación sin reactivar el consumo es como rediseñar las salas de espera en un aeropuerto sin aviones: la infraestructura quedará impecable, pero los pasajeros seguirán en tierra. La verdadera modernización ocurre cuando el trabajador elige su modalidad; hoy, la mayoría simplemente no tiene otra opción.