El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó públicamente los resultados y lineamientos fundamentales definidos por el Consejo de Mayo, el cuerpo consultivo establecido por el presidente Javier Milei. Este documento se estructura alrededor de diez ejes esenciales destinados a reorientar la gestión nacional, de los cuales ocho se concretaron en proyectos de ley que serán enviados al Congreso. Las iniciativas se centran primordialmente en la modernización del marco laboral, la salvaguarda de la propiedad privada y una profunda revisión del sistema tributario. Estas propuestas legislativas serán puestas a consideración en las sesiones extraordinarias, que darán inicio este miércoles 10 de diciembre por convocatoria del Ejecutivo nacional.

Un componente crucial del informe es la inviolabilidad de la propiedad privada. La reforma a la Ley de Expropiaciones contempla ahora que la indemnización se calcule al valor de mercado determinado inmediatamente antes del anuncio de la expropiación, el cual será ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tasado por peritos independientes. En el ámbito de los desalojos, se facilitará la entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, usurpación o intrusión. Respecto a la regulación dominial en barrios populares, se elimina la restricción que impedía la venta de terrenos a personas jurídicas. En el segmento de tierras rurales, el texto propone la liberación de las restricciones para la compra por parte de inversores extranjeros y suprime la prohibición de modificar la actividad productiva de un campo por un período de 30 a 60 años después de un incendio.

En relación con el “equilibrio fiscal innegociable”, el informe propone la creación de una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que forma parte del temario a debatir en las sesiones extraordinarias. Adorni destacó que, para robustecer la institucionalidad del Estado en torno al equilibrio fiscal, el Consejo sugiere que el Presidente y los gobernadores refuercen públicamente el compromiso de no solicitar autorizaciones de endeudamiento a nivel provincial si la provincia registra déficit primario, con la única excepción de los rollovers de deuda o cuando el riesgo crediticio provincial supere al de la Nación.

En cuanto al control del gasto público, Adorni informó que en 2024 se observó una fuerte reducción del gasto público consolidado entre Nación, provincias y municipios, cayendo del 42% al 31% del PBI. No obstante, advirtió que en 2025 esta tendencia se revirtió, con un incremento de las erogaciones en provincias y municipios, mientras solo el Gobierno nacional mantuvo su política de ajuste. Aclaró que esta observación se refiere al resultado final agregado del gasto provincial. Frente a este panorama, el Consejo de Mayo recomienda un acuerdo para congelar el gasto primario en términos reales, una medida que, combinada con el crecimiento económico, permitiría aproximar el gasto total al 25% del PBI. Asimismo, se plantea la exclusión del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para aquellas jurisdicciones que incumplan con los objetivos de gasto.

En materia tributaria, el Ministerio de Economía diseñó e incorporó al informe varios proyectos con efecto fiscal inmediato. Sobresalen la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como “Inocencia Fiscal”, y la implementación de un sistema simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias denominado “ARCA hace tu declaración por vos”. También se introduce un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que establece una reducción de cargas para los empleadores por dos años y promueve el empleo registrado. Se prevén exenciones de IVA a la energía eléctrica para uso industrial y facilidades impositivas para inversiones de mediano porte. Adorni hizo hincapié en la desgravación que abarca “impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, etcétera” y la eliminación de tributos cedulares aplicados sobre la renta financiera y la venta de inmuebles.

El capítulo dedicado a los recursos naturales ha generado un importante debate técnico y político en relación con normativas cruciales. Se propuso una modificación de la Ley de Glaciares, iniciativa que fue elaborada desde la Secretaría Legal y Técnica con aportes de todos los sectores representados en el Consejo de Mayo. También se anticipó la revisión del régimen de zona fría, cuya inserción ya está prevista en el Presupuesto 2026, así como la actualización de la Ley de Bosques, la modificación de la Ley de Acuicultura y la sugerencia de eliminar las leyes provinciales de compre local y los topes a la mano de obra local. El Consejo alertó que, ante el «boom de la minería», resulta imperativo que el mercado de factores se integre a nivel nacional como un mercado único, evitando topes que solo complican la actividad productiva.

En cuanto a la modernización laboral, Manuel Adorni señaló que se dará prioridad a la discusión sobre la ultraactividad y la prelación de los convenios colectivos, además de la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Las propuestas también abordan aspectos específicos para trabajadores autónomos y de plataformas, junto con cambios en el régimen de trabajo agrario. Otro eje central de los cambios propuestos es la derogación de normativas consideradas obsoletas, citando como ejemplo la ley de teletrabajo sancionada durante la pandemia.

Finalmente, el informe enfatiza la urgencia de abrir el comercio al exterior. El jefe de Gabinete describió a Argentina como “el país más cerrado del mundo” debido a las barreras arancelarias, paraarancelarias y los desequilibrios regulatorios. Sostuvo que el país debe alinearse con los tratados internacionales ya adoptados por los mercados más competitivos. En este sentido, mencionó el impulso a la implementación plena de acuerdos internacionales ya aprobados y la próxima presentación ante el Congreso de tratados pendientes, destacando el Tratado de Cooperación en Patentes. Enfatizó que esta aprobación representaría un avance gigantesco para la comunidad científica nacional, el CONICET y la industria, al reducir drásticamente el costo asociado a la protección de la propiedad intelectual.