Tras un breve congelamiento aplicado en abril para contener la inflación en medio de la crisis energética global, el Ejecutivo vuelve a actualizar los tributos del sector.
A través del Decreto 302/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó una nueva suba parcial en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDP). Si bien la medida implica un ajuste inmediato para el mes de mayo, la normativa vuelve a postergar de forma estratégica algunos incrementos pendientes derivados de actualizaciones previas.
Esta decisión marca el fin de la tregua impositiva de abril, mes en el que el Gobierno había decidido congelar los tributos para evitar una presión extra sobre el índice de precios, especialmente ante el encarecimiento del barril de crudo provocado por la guerra en Medio Oriente.
El detalle de los incrementos por litro
La normativa fija montos específicos que impactarán directamente en el precio final del surtidor. De acuerdo con la tabla técnica incorporada en el decreto, los aumentos se desglosan de la siguiente manera:
- Naftas (sin plomo y virgen): El ajuste del ICL será de $10,398, sumado a una suba de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono.
- Gasoil: El incremento se fijó en $9,269 para el tributo general. En regiones con beneficios diferenciales, el ajuste será de $5,019, mientras que el componente ambiental (carbono) subirá $1,056.
Según estimaciones de la Secretaría de Energía, el impacto global de la actualización de ambos gravámenes representará un incremento del 0,5% durante el mes de mayo.
Nueva postergación parcial para los meses venideros
A pesar de retomar el sendero de ajustes, el Ejecutivo resolvió dilatar nuevamente la aplicación total de las actualizaciones correspondientes a los períodos 2024 y 2025. Estos incrementos, que se venían postergando de manera escalonada desde el año pasado, no se aplicarán en mayo como estaba previsto, sino que se trasladaron —inicialmente— al 1° de junio.
Es importante recordar que el esquema de actualización de estos tributos se rige por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con ajustes trimestrales acumulativos vigentes desde 2018. No obstante, la tendencia iniciada en 2023 de aplicar diferimientos parciales busca evitar un traslado brusco a los precios de la economía, dada la sensibilidad del combustible en la estructura de costos de transporte y logística.
El objetivo detrás de la medida
Desde el Gobierno argumentaron que mantener este esquema de actualización discrecional responde a la necesidad de sostener un «sendero fiscal compatible con la recuperación económica». Con esta administración del ritmo impositivo, el Ejecutivo intenta moderar el impacto en el surtidor para evitar que la inflación —que en marzo superó el 3% mensual— recupere velocidad.
De esta manera, el Estado vuelve a utilizar la carga tributaria como una herramienta de política de precios, regulando la presión sobre el mercado interno de naftas y gasoil en un contexto de alta volatilidad internacional.
