Con un balance de resultados parciales, concluye este martes el periodo de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. El ambicioso cronograma legislativo, diseñado para desarrollarse entre el 10 y el 30 de diciembre, pretendía consolidar la agenda reformista de La Libertad Avanza, aunque finalmente solo dos de las seis iniciativas propuestas lograron cruzar la meta de la sanción definitiva. Pese a que el saldo numérico podría parecer escaso, el oficialismo interpreta este cierre de año como una victoria estratégica, especialmente tras un ciclo de sesiones ordinarias en el que la fuerza libertaria se vio obligada a actuar a la defensiva frente a la agenda de la oposición. Ahora, con el escenario planteado, el Gobierno ya proyecta una suerte de revancha legislativa para el próximo mes de febrero.

La sanción del Presupuesto 2026, el primero bajo la administración de Milei, representó el hito más relevante del periodo, aunque su aprobación no estuvo exenta de complicaciones técnicas y políticas. Debido a una falta de coordinación en la Cámara de Diputados liderada por Martín Menem, quien impulsó una votación por capítulos en lugar de artículos, la norma perdió el capítulo 11 durante el proceso. Esta pérdida se produjo después de que los sectores opositores rechazaran tajantemente el artículo 75, el cual buscaba derogar las normativas vigentes sobre Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. A pesar de las versiones iniciales que sugerían un posible veto presidencial debido a estas mutilaciones del texto original, el oficialismo optó por la prudencia y aseguró la sanción en el Senado, dotando al evento de una narrativa de triunfo político necesario.

En la misma jornada parlamentaria, y con Patricia Bullrich desempeñando un papel central en la articulación de acuerdos, el Ejecutivo logró convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa, que había sido presentada a mediados de año, busca reactivar la economía incentivando el ingreso al sistema de dólares no declarados. No obstante, el resto del temario presidencial enfrentó obstáculos infranqueables. El proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que pretende establecer reglas fiscales inamovibles y penas de prisión para funcionarios que recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit, quedó estancado tras recibir dictamen de comisión. La resistencia provino incluso de aliados como el PRO, que calificó la parte penal de la norma como potencialmente inconstitucional y señaló que el texto, imbuido de una fuerte carga ideológica, podría inmovilizar al Estado ante crisis extraordinarias o emergencias sanitarias.

Por su parte, la Reforma Laboral fue postergada para febrero debido a que Bullrich no logró reunir el respaldo necesario para su tratamiento inmediato en el recinto, conformándose únicamente con la firma del dictamen. La estrategia oficial ahora consiste en utilizar el receso de enero para negociar modificaciones con los bloques dialoguistas y asegurar la media sanción en la reanudación de las sesiones. Una situación similar atraviesa la reforma a la Ley de Glaciares, un tema de vital importancia para las provincias mineras que busca transferir la potestad de definir las zonas periglaciares de la Nación a las jurisdicciones locales. Al ser una discusión de posiciones binarias y sin matices de negociación posibles, el oficialismo prefirió cautelar el proyecto antes de arriesgarse a una derrota por falta de votos en el recinto.

Finalmente, la reforma integral al Código Penal, considerada el eje central de la agenda de seguridad de Bullrich, ni siquiera inició su debate en las comisiones. Dada la complejidad del asunto, que incluye temas sensibles como la baja en la edad de imputabilidad, se anticipa una discusión parlamentaria extensa y laboriosa que demandará un minucioso trabajo de orfebrería legislativa. A pesar de estos temas pendientes, el oficialismo finaliza el año con una renovada confianza, apoyada en la capacidad de diálogo demostrada recientemente en el Senado, incluso con sectores de la oposición peronista. Con un Congreso más equilibrado tras el recambio legislativo, La Libertad Avanza se ilusiona con retomar su agenda de reformas en el inicio de 2026 y revertir la débil performance legislativa que marcó su primer tramo de gestión.