El Gobierno Nacional está impulsando una reforma del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que se planea concretar a corto plazo, posiblemente a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El objetivo central de la Casa Rosada es modificar el sistema de gobernanza del organismo para asumir un mayor poder de decisión sobre la orientación del plan de investigaciones y la distribución de los fondos disponibles.

Esta medida ha sido elaborada por los equipos técnicos del Ejecutivo desde antes de las elecciones legislativas de octubre, aunque su implementación fue postergada en varias ocasiones debido a las tensiones políticas. En la Nación se afirma que existe la decisión política de avanzar rápidamente. Desde el oficialismo, se sostiene: “Queremos reordenar los incentivos de las investigaciones”.

Actualmente, el CONICET cuenta con una dotación de 26.781 trabajadores —entre 11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos— y maneja un presupuesto de $580.000 millones. Su estructura abarca 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos de doble y triple dependencia en colaboración con universidades.

La conducción del organismo está a cargo de un directorio de ocho miembros y un presidente (actualmente Daniel Salamone), designados por el Gobierno. Los integrantes del órgano de gobierno son seleccionados a partir de ternas propuestas por investigadores activos de distintas áreas del conocimiento, el Consejo de Universidades, y organizaciones de la industria, el sector agropecuario y la ciencia y tecnología provinciales. Los mandatos tienen una duración de cuatro años y se renuevan por mitades cada dos.

Aunque el Ejecutivo ha postergado una reforma estructural del organismo que incluía recortes en departamentos, sí busca introducir cambios en el proceso de ingreso. La intención es reducir la incorporación de investigadores de las ciencias sociales y humanidades, priorizando perfiles técnicos en áreas consideradas estratégicas como la energía, la minería y la salud.

En la Casa Rosada se reconoce que ha habido varias versiones del borrador del decreto que facultaría al oficialismo a intervenir en la toma de decisiones sobre las investigaciones del CONICET. Se confirma que el texto ya ha sido revisado por los equipos técnicos de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y de María Ibarzabal, secretaria de Legal y Técnica. «Solo falta definir cuándo sale», aseguran.

Con este marco, en Balcarce 50 se proyecta implementar un esquema de autonomía regional, buscando a su vez centralizar los procesos de investigación en las universidades. El objetivo es que la definición de los proyectos se tome en las instituciones de cada distrito, alineándolos con el interés productivo y las necesidades específicas de la zona. Se explica que «La idea es que cada universidad defina el plan en base a lo que le puede servir a la región”.

Desde el entorno del Jefe de Estado, se habla de utilizar el organismo para la “modernización de la producción”, mencionando como ejemplo a las provincias con actividad minera y energética. El fin es descentralizar la identificación, selección y priorización de las líneas de investigación. La intención de fondo es evitar, según amplían, que se investiguen temas poco relevantes para el desarrollo regional, como ilustran con el ejemplo: “Lo que buscamos evitar es que en Catamarca se pongan a investigar sobre las fantasías de Batman”.