El expresidente de Venezuela y su esposa enfrentan cargos penados con hasta 30 años de cárcel. El caso que involucra a Nicolás Maduro y Cilia Flores continúa su curso ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Tras la comparecencia inicial del pasado 5 de enero, en la cual el depuesto dirigente venezolano y su cónyuge se declararon inocentes de los cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo, este jueves 26 de marzo se desarrolla la segunda audiencia del proceso.
Un punto central de la controversia actual radica en la defensa legal de los acusados. Tanto Maduro como Flores manifestaron carecer de recursos propios para financiar a sus abogados y solicitaron que el Estado venezolano asuma dichos costos, amparándose en la legislación de su país de origen. Bajo esta premisa, el prestigioso Barry Pollack, defensor de Maduro conocido por lograr la liberación de Julian Assange, y Mark Donnelly, representante de Cilia Flores, argumentan que el bloqueo de fondos impuesto por Estados Unidos vulnera el derecho constitucional de los acusados a elegir su representación. Según los letrados, la única solución viable ante este impedimento sería la desestimación del caso, una posibilidad que los analistas consideran improbable.
Al respecto, el abogado venezolano Nizar El Fakih, presente en la primera comparecencia, aclara que la normativa de Venezuela no impone al Estado la obligación de costear defensores privados para personas naturales en procesos penales. La ley venezolana solo establece el deber de representación cuando se ven comprometidos los derechos o el patrimonio de la República. Paralelamente, la jurisprudencia estadounidense no reconoce el derecho de un acusado en una corte federal a utilizar fondos públicos de su nación para honorarios legales. La fiscalía ha enfatizado que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) prohíbe el uso de capitales de entidades sancionadas para beneficiar a otras personas bajo sanción. Aunque en enero se emitió una licencia para autorizar estos pagos, la misma fue revocada poco después bajo el argumento de que se trató de un error administrativo.
Pollack y Donnelly han agotado diversos recursos para eludir las sanciones, mencionando casos donde la OFAC permitió el uso de fondos gubernamentales extranjeros para pagos profesionales. No obstante, dicha excepción se ha aplicado históricamente a naciones como Rusia, Siria o Irán para la defensa de intereses estatales, pero nunca para individuos particulares. Ante este escenario, es muy probable que Maduro y Flores deban aceptar defensores de oficio asignados por el tribunal, quedando en manos del juez Alvin Hellerstein la determinación del procedimiento a seguir.
En cuanto a la acusación, aunque el primer expediente contra Maduro se hizo público en 2020, la investigación cuenta con más de una década de trayectoria y el trabajo conjunto de fiscalías en Nueva York, Florida y organismos internacionales. El Departamento de Justicia presentó esta segunda acusación que ahora incluye formalmente a Flores. Al exmandatario se le imputan cargos de conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y posesión de armamento pesado y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Cilia Flores enfrenta cargos idénticos, con excepción de la última imputación relativa a los dispositivos de destrucción.
Sobre las posibles sentencias, Nizar El Fakih advierte que no es descartable una condena a cadena perpetua. El cargo de conspiración por narcoterrorismo conlleva una pena mínima obligatoria de 20 años, mientras que el de importación de estupefacientes oscila entre los 10 años y la prisión de por vida. Aunque el proceso aún se encuentra en etapas tempranas, la gravedad de los delitos sugiere que ambos podrían pasar el resto de su existencia en reclusión. Actualmente, la causa atraviesa la fase de descubrimiento o discovery, periodo de tres meses en el que las partes intercambian el acervo probatorio. El Fakih señala que la defensa intentará influir en la opinión pública mediante mociones que, pese a su baja probabilidad de éxito judicial, buscan generar impacto en la comunidad internacional.
En este proceso no existen posibilidades de fianza ni rige el principio de inmunidad. La corte deniega la libertad bajo caución debido al riesgo de fuga y la gravedad de los cargos vinculados a la seguridad nacional estadounidense. Asimismo, dado que la Casa Blanca no reconoce la legitimidad de Maduro como gobernante, no aplican privilegios diplomáticos ni cuestionamientos sobre la forma de su captura.
La teoría del caso presentada por el Departamento de Justicia vincula a Maduro con una red delictiva más amplia, mencionando a figuras como el exedecán Clíver Alcalá y el exjefe de inteligencia Hugo «El Pollo» Carvajal. La fiscalía sostiene que el accionar de Maduro se apoya en colaboradores como su hijo, Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «El Niño Guerrero».
Varios de estos implicados ya se encuentran bajo custodia. Clíver Alcalá, tras entregarse en 2020 y ser extraditado, fue condenado en 2024 a más de 21 años de cárcel tras declararse culpable de colaborar con el tráfico de armas y drogas. Por su parte, Hugo Carvajal fue extraditado desde España en 2023 y se declaró culpable en junio de 2025. El hecho de que la sentencia de Carvajal haya sido diferida sugiere, según El Fakih, una posible colaboración con la fiscalía para aportar nuevas pruebas contra Maduro a cambio de beneficios procesales. Finalmente, el Cartel de los Soles aparece de forma recurrente en la acusación como el engranaje central de la estructura. Queda por ver si el proceso llegará a la fase de juicio oral frente a un jurado o si la contundencia de las pruebas recolectadas llevará a los acusados a optar por una declaración de culpabilidad para evitar la exposición pública del litigio.
