Los diputados que integraron la comisión investigadora por la denominada causa Libra brindaron este lunes una conferencia de prensa para exponer los avances del caso y anunciar nuevas medidas. Durante el encuentro, los legisladores denunciaron por presunto «entorpecimiento» y «encubrimiento» al fiscal Eduardo Taiano y ratificaron su compromiso de realizar un seguimiento parlamentario estricto sobre la investigación judicial en curso.

Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica y presidente de la comisión, encabezó la exposición afirmando que la promoción de la criptomoneda Libra, ocurrida el 14 de febrero de 2025, fue una acción premeditada por parte del entorno presidencial. Según Ferraro, el informe final y los peritajes informáticos demuestran que Javier Milei fue un «partícipe necesario» en la difusión del activo digital. En consecuencia, la comisión solicitará que el vocero Manuel Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comparezcan ante la Cámara de Diputados para brindar las explicaciones pertinentes.

Además de las citaciones, los parlamentarios presentarán una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal contra el fiscal Eduardo Taiano, al considerar que su actuación ha obstaculizado el esclarecimiento de los hechos. También se enviará un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo para que los funcionarios involucrados —incluyendo a Santiago Caputo y Demian Reidel— detallen el contenido de sus comunicaciones con el lobista Mauricio Novelli. Recientes revelaciones periodísticas sugieren que estas conversaciones habrían coincidido con el lanzamiento del token, cuya caída generó pérdidas estimadas en 100 millones de dólares para los inversores.

Por su parte, el exdiputado Oscar Agost Carreño reforzó la acusación señalando que la difusión del proyecto en redes sociales no fue un error aleatorio, sino el «vector central» de una estrategia acordada previamente. En la conferencia participaron representantes de diversos bloques, desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda hasta el Partido Socialista y el MID, lo que refleja un amplio arco opositor alineado tras el reclamo.

Desde el oficialismo, la bancada de La Libertad Avanza optó por minimizar las acusaciones, calificándolas de simples «versiones periodísticas» y atribuyendo los cuestionamientos a una resistencia frente a los cambios estructurales que el Gobierno impulsa en el país.

El informe final de la comisión, que consta de más de 200 páginas, concluye que la conducta del mandatario se inscribe en un patrón de promoción de activos criptográficos sin los debidos controles estatales. El documento no solo califica los hechos como una presunta estafa, sino que recomienda al Congreso analizar si el Presidente ha incurrido en un mal desempeño de sus funciones, abriendo una discusión política de fondo sobre la responsabilidad ética y legal del Ejecutivo en la difusión de instrumentos financieros volátiles.