La Casa Rosada decidió acelerar su estrategia legal y apeló a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario de «per saltum». El objetivo es revertir de manera inmediata la suspensión de los artículos centrales de la reforma laboral, tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 que paralizó la norma.

El per saltum (del latín, «salto de instancia») es una herramienta procesal de carácter excepcional. Su aplicación permite que una causa sea tratada directamente por el máximo tribunal sin necesidad de agotar las etapas intermedias, como la Cámara de Apelaciones. Esta vía está reservada exclusivamente para casos de gravedad institucional o urgencia extrema, donde la demora judicial podría generar daños irreparables.

El «atajo» procesal y los argumentos oficiales

En su presentación, el Poder Ejecutivo sostiene que la decisión del juez de grado excede sus competencias y lesiona el funcionamiento del sistema republicano. La Casa Rosada argumenta que un juzgado de primera instancia no posee la facultad de suspender una ley con alcance general que ha sido debidamente sancionada por el Congreso Nacional.

Bajo esta premisa, el Gobierno no solo solicita que la Corte revise el fondo de la cuestión, sino que exige la restitución inmediata de la vigencia de los artículos cuestionados mientras se define la constitucionalidad de la ley.

Trasfondo técnico y político

La suspensión original de la reforma fue el resultado de una acción de amparo iniciada por la CGT. La central obrera fundamenta que la nueva normativa vulnera derechos adquiridos y debilita los estándares de protección del trabajador. Dado que el fallo alcanzó a decenas de artículos neurálgicos, la reforma quedó operativamente bloqueada en gran parte de su estructura.

Una pulseada de legitimidad y fueros

El recurso oficial introduce un debate adicional sobre la legitimidad procesal: el Gobierno cuestiona si la CGT tiene la potestad de representar intereses colectivos de tal magnitud para frenar una ley nacional. En contrapartida, el sindicalismo ratifica su rol como garante de los derechos que la reforma —según su visión— impacta de forma directa.

La Corte Suprema tiene ahora la facultad de aceptar o rechazar el tratamiento por esta vía extraordinaria.

• Si acepta el per saltum: Se acortan los plazos y podría haber una definición en semanas.
• Si lo rechaza: La causa deberá seguir el curso ordinario, lo que implica meses o incluso años de litigio en cámaras inferiores.

Esta apuesta del Ejecutivo busca evitar que la reforma quede atrapada en lo que definen como un «laberinto judicial». La resolución del máximo tribunal no solo definirá el futuro de la ley laboral, sino que marcará un precedente crucial sobre el alcance de las medidas cautelares y el equilibrio de poder entre el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo en la Argentina de 2026.