A fin de allanar el camino legislativo, el oficialismo otorgó diversas concesiones, no solo a los mandatarios provinciales. Con una apuesta decidida en el Senado, el Gobierno confía en una sanción definitiva en Diputados sin mayores contratiempos. Paralelamente, el reciente dato del IPC ha sacudido la agenda pública, marcando una tendencia alcista en los precios que ya se extiende por ocho meses.

Todo sucede de forma simultánea. El Gobierno nacional dio por concluida la etapa de negociaciones por la reforma laboral, con la expectativa de someterla a votación este miércoles en la Cámara Alta y convertirla en ley en la Cámara de Diputados antes de que finalice el mes. Para el oficialismo, este hito político representa una señal económica de gran relevancia. No obstante, en el plano económico, la gestión recibió el impacto de un indicador sumamente sensible: la inflación de enero alcanzó el 2,9%, en un clima enrarecido por la renuncia del director del INDEC tras la fallida actualización metodológica. Así, la celeridad legislativa y las repercusiones del IPC se han convertido en los ejes dominantes de la actualidad.

Al igual que ocurrió en diciembre durante el debate del Presupuesto, la administración libertaria demostró un giro pragmático para dar impulso al proyecto principal de las sesiones extraordinarias. En este proceso de negociación reaparecieron actores conocidos —gobernadores y bloques dialoguistas—, en una dinámica que contrastó con el discurso de confrontación y los gestos de dureza evidenciados en las recientes tensiones con el sector empresarial, la industria textil y la creación de canales oficiales destinados a confrontar con la prensa.

A pesar de las versiones contrapuestas que circularon hasta el inicio de la semana —algunas atribuidas a tácticas de negociación y otras a disputas internas de poder—, resultó evidente la necesidad de consolidar acuerdos para asegurar la reforma. Según las proyecciones oficialistas, el proyecto contaría con más de 40 votos en el Senado tras haber aceptado cerca de treinta modificaciones.

El factor fiscal y el realismo político

La negociación estuvo condicionada por la pulseada con las provincias debido al rechazo generalizado a la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas, medida que afectaba directamente la coparticipación federal. Sin embargo, el conflicto iba más allá: varios gobernadores señalaron que las propias arcas nacionales atraviesan dificultades, dada la caída sostenida de la recaudación en el último semestre.

Si bien voceros del oficialismo intentaron minimizar este impacto e insistieron hasta el último momento en que no retrocederían con Ganancias, la realidad política se impuso. Ante la falta de margen, el Gobierno optó por retirar ese punto para evitar que cayera en el recinto. Este desenlace se interpreta como un ejercicio de realismo; insistir con dicho beneficio impositivo —que podría ser incluido en una futura reforma tributaria— ponía en riesgo el apoyo a otros artículos críticos y susceptibles de ser judicializados por sectores gremiales y el peronismo. Este resultado se anota como una victoria del «ala política» (Karina Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli y Patricia Bullrich) frente a la postura más rígida de Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El texto consensuado mantiene pilares fundamentales para el Ejecutivo, como el régimen de indemnizaciones y limitaciones al derecho de huelga, pero incluye señales hacia la CGT en materia de obras sociales y cuotas sindicales, así como hacia el sector privado. La meta es agilizar el trámite en Diputados bajo la premisa de que lo aprobado en el Senado será el texto final.

La inflación y el desafío del INDEC

Si el Senado responde a las expectativas de La Libertad Avanza, la sanción de la reforma funcionaría como un amortiguador político frente al 2,9% de inflación registrado en enero. Este dato es preocupante por dos motivos: primero, porque el control inflacionario es el principal activo político de Javier Milei; segundo, por la crisis de credibilidad que genera la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El costo institucional derivado de la decisión de descartar una nueva metodología para el IPC —basada en datos de 2017— argumentando desactualización, mientras se mantienen parámetros de 2004, ha generado suspicacias. Aunque el ministro Caputo sugirió que el nuevo sistema habría arrojado un número ligeramente inferior, fuentes internas del organismo sostienen que la cifra real habría superado los 3 puntos.

Más allá de la metodología, la preocupación reside en la curva ascendente de los precios. Tras un piso de 1,5% en mayo pasado, el índice superó los 2 puntos en septiembre hasta rozar el 3% en enero. El registro interanual del 32,4% esconde incrementos alarmantes en rubros básicos: Alimentos y bebidas (35,9%), Comunicación (36,7%) y Vivienda y servicios (40,2%).

En medio de este escenario vertiginoso, la reforma laboral busca captar la centralidad de la agenda, mientras otras noticias, como el procesamiento de Diego Spagnuolo, añaden ruido a una semana de alta intensidad política.