Luego de la masiva movilización ocurrida el pasado 18 de diciembre, el mandatario de la provincia de Buenos Aires mantuvo un encuentro con las cúpulas de las centrales obreras para profundizar la labor conjunta con sindicatos y pequeñas empresas. Esta alianza busca hacer frente al proyecto gubernamental, al cual los sectores representados califican como un retroceso en materia de derechos y una seria amenaza tanto para la estabilidad del empleo como para la capacidad productiva del país.
La ofensiva desplegada por la administración de Javier Milei contra el marco regulatorio del trabajo ha generado un nuevo alineamiento entre el sindicalismo y los gobernadores de la oposición, quienes hoy conforman un frente de resistencia unificado. A escasas semanas de que se inicie el tratamiento legislativo formal de la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo, Axel Kicillof recibió en la ciudad de La Plata a las autoridades nacionales de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Este gesto político trasciende la mera coyuntura parlamentaria, ya que apunta a establecer una estrategia de largo aliento frente a lo que consideran una transformación estructural de carácter regresivo para el ecosistema laboral. Cabe destacar que, de forma previa, el gobernador ya había mantenido reuniones similares con la conducción de la CGT.
La reunión, que contó con la presencia de los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, se desarrolló bajo un diagnóstico de creciente malestar social, marcado por la erosión de los ingresos, niveles críticos de precarización y un salario mínimo que, según denuncian las centrales, se encuentra entre los más deprimidos de la región latinoamericana. Participaron también del cónclave la vicegobernadora Verónica Magario, el titular de la cartera laboral Walter Correa y referentes gremiales de peso como Roberto Baradel de SUTEBA, Daniel Catalano de ATE Capital y Pablo Maciel del gremio médico CICOP. La conclusión de los presentes fue unánime al señalar que la reforma propuesta por la Casa Rosada no constituye un ajuste técnico aislado, sino que representa una agresión política diseñada para desarticular la organización colectiva, debilitar las paritarias y trasladar los riesgos económicos de las empresas y el Estado hacia los hombros de los asalariados.
Desde la perspectiva de Kicillof, este proyecto implica un peligro inminente para la estructura industrial bonaerense, especialmente para las pymes, que son el principal motor de empleo privado en su territorio. Este encuentro es parte de una serie de movimientos tácticos en los que el gobernador ha buscado la complicidad de otros mandatarios provinciales opositores como Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Ricardo Quintela, además de entablar diálogos con cámaras empresariales para involucrarlas en la defensa del mercado interno. La reciente fotografía junto a la renovada cúpula de la CGT refuerza esta visión compartida sobre la necesidad de rechazar el proyecto oficial de forma integral.
En este escenario, el arco sindical acordó avanzar en una doble vía que combine la intervención institucional en el Congreso, mediante la persuasión de legisladores y gobernadores, con la presencia activa en el espacio público. Esta decisión tiene como antecedente inmediato la marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde la CGT, las CTA y diversos movimientos sociales demostraron una capacidad de convocatoria que pretenden mantener frente al rumbo económico del Gobierno.
Las objeciones al articulado de la reforma se han vuelto cada vez más punzantes. Hugo Yasky manifestó su preocupación por la posible reinstauración de un sistema análogo al de las AFJP, utilizando recursos de la seguridad social para costear desvinculaciones laborales en un contexto de cierre de fábricas. Por su parte, Oscar de Isasi, de la CTA Autónoma, subrayó que el reto excede la mera parálisis de una ley, exigiendo una respuesta coordinada frente a un modelo que describió como una combinación de ajuste y transferencia de recursos.
Este rechazo también se manifiesta en el plano regional. En la ciudad de Mar del Plata, la CGT local junto a ambas CTA y especialistas en derecho laboral fijaron una postura común contra lo que denominaron una «contrarreforma» vinculada al DNU 70/2023 y la Ley de Bases. Los referentes advirtieron que la iniciativa no fomentará la creación de puestos de trabajo, sino que abaratará el despido, flexibilizará la jornada laboral a través del banco de horas y limitará derechos fundamentales como la huelga y la negociación por sector. El comunicado emitido en General Pueyrredón enfatizó que, con un consumo interno en caída y sin acceso al crédito, las empresas no contratarán personal aunque se reduzcan sus derechos. Asimismo, alertaron sobre la pérdida de la ultraactividad de los convenios y la extensión de las actividades consideradas esenciales, lo que vaciaría de poder real a las medidas de fuerza.
Finalmente, el encuentro en la capital provincial también sirvió para debatir el horizonte político de mediano plazo. Las centrales propusieron la necesidad de ensanchar la unidad del campo popular y apelar a los sectores que se ausentaron en los últimos comicios para edificar una alternativa política sólida ante el descontento social. Existe el convencimiento de que la resistencia a las políticas de Javier Milei no debe ser solo defensiva, sino que requiere de una propuesta capaz de disputar el modelo de país. Con el debate parlamentario fijado para febrero, Kicillof se posiciona como una figura central en la articulación de la oposición, mientras el sindicalismo reafirma su apuesta por la unidad y la movilización como herramientas para incidir en el destino de la reforma.
