En un escenario de creciente tensión judicial por el cumplimiento de la normativa vigente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca modificar sustancialmente el marco legal de la discapacidad en Argentina. La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado de la Nación y plantea una redefinición de los criterios de acceso, mayores restricciones y un esquema de fiscalización más riguroso.

El proyecto surge tras la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y propone la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 (artículos 5, 8, 9, 14 y 20). Según especialistas, esto implica retrotraer el sistema a un modelo previo a la declaración de la emergencia, eliminando la universalidad de ciertos tramos de la ayuda estatal.

Reempadronamiento y fiscalización preventiva

Uno de los pilares del texto oficial es la obligatoriedad de un reempadronamiento general para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, antecedentes laborales y situación socioeconómica. El incumplimiento de los plazos o requisitos dará lugar a la suspensión automática y posterior baja definitiva del beneficio.

Para fortalecer el control, se propone un sistema de fiscalización que cruzará datos entre ANSES, ARCA (ex AFIP), SINTyS y otros organismos públicos. Ante cualquier «inconsistencia u objeción», el Estado quedará facultado para aplicar suspensiones de manera «preventiva» mientras dure el proceso de revisión.

Impacto en los haberes y el mercado laboral

En cuanto a lo económico y laboral, el proyecto introduce cambios de fondo:

• Monto de la pensión: Se fija en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando la facultad del Ejecutivo para otorgar adicionales por zona geográfica desfavorable o invalidez laboral específica.
• Incompatibilidad absoluta: Se prohíbe el mantenimiento del beneficio para aquellas personas que accedan a un empleo formal o se inscriban en regímenes laborales registrados.
• Incentivos a empresas: El texto suprime incisos que promovían programas de inclusión y reconocimiento para empresas que contrataran personas con discapacidad.

Desregulación de prestaciones y aranceles

El proyecto también impacta en la organización del sistema de salud y asistencia. Al autorizar convenios directos entre Nación, Provincias y CABA para la administración de fondos, el esquema elimina virtualmente el nomenclador de aranceles homogéneos. Esto desregula la negociación de las prestaciones con obras sociales y prepagas, lo que podría afectar el piso mínimo de calidad y los valores de referencia del sector.

El debate por la actualización

Respecto a la movilidad, la iniciativa ata las pensiones a la evolución de la jubilación mínima. Para los aranceles de los prestadores, se propone un ajuste trimestral o por IPC en caso de demoras, incorporando una compensación de emergencia también vinculada al índice inflacionario.

El ingreso del proyecto por la Cámara Alta responde a una estrategia política de la Casa Rosada, donde vislumbra una conformación de mayorías más accesible que en Diputados. Sin embargo, se espera una fuerte resistencia de los bloques que el año pasado impulsaron y votaron la Ley de Emergencia, generando una nueva pulseada legislativa sobre el alcance de los derechos y la asistencia estatal a este sector vulnerable.