El gobernador Axel Kicillof logró desactivar el conflicto con los gremios de la administración pública bonaerense al alcanzar un acuerdo salarial que garantiza la paz social, al menos por los próximos dos meses. Tras un rechazo inicial de todo el arco sindical, la provincia mejoró su oferta alcanzando un 9% acumulado para el trimestre febrero-abril. Este esquema se desglosa en un 1,5% otorgado previamente por decreto en febrero, un 5% para marzo y un 2,5% para abril, sumando además una cláusula de monitoreo de inflación y el compromiso de reabrir las paritarias en junio.
Desde el sector gremial, las conducciones de UPCN y ATE aceptaron la propuesta destacando no solo el incremento, sino también logros adicionales como los pases a planta permanente en el área de salud y futuras recategorizaciones. Por su parte, el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, respaldó fuertemente la gestión provincial al calificar el acuerdo como un «gran esfuerzo» frente al «ahogo financiero» que el Gobierno nacional ejerce sobre Buenos Aires. El dirigente sindical subrayó que la caída de la recaudación y las deudas de Nación complican las finanzas locales, posicionando al gobernador como un aliado frente a las políticas de ajuste de la Casa Rosada.
Sin embargo, el consenso no fue absoluto. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), segundo gremio en relevancia, mantiene sus reservas tras haber liderado el paro que impidió el inicio normal de clases el pasado 2 de marzo. Asimismo, la jornada de negociación no estuvo exenta de tensiones: la línea disidente SUTEBA Multicolor increpó al ministro de Economía, Pablo López, al finalizar el encuentro, un incidente al que el Ejecutivo restó importancia, enfocándose en la narrativa de la «asfixia económica» externa para justificar la austeridad de los aumentos.
Políticamente, este acuerdo refuerza el vínculo de Kicillof con el sindicalismo tradicional nucleado en el Movimiento Derecho al Futuro, pieza clave en su estrategia de construcción hacia una posible candidatura presidencial en 2027. Mientras el gabinete provincial, representado por los ministros López y Walter Correa, insiste en que la prioridad es defender el poder adquisitivo pese a haber perdido $22 billones en transferencias nacionales, el gobernador consolida un frente gremial alineado que le permite gestionar la crisis con respaldo social. El desafío pendiente para el mandatario sigue siendo el frente interno del peronismo, donde aún debe terminar de calibrar su relación con sectores como La Cámpora.
