El oficialismo porteño resolvió los puntos de conflicto impositivos con el bloque libertario, asegurando el respaldo necesario para alcanzar los 31 votos requeridos para sancionar el paquete de leyes financieras. La sesión, inicialmente pautada para las 17:00 horas, inició a las 21:00 tras una extensa pausa, previéndose una sesión prolongada que incluirá la discusión sobre la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad.

Finalmente, después de una serie de negociaciones consecutivas que sembraron dudas sobre la celebración de la sesión de este jueves, el partido PRO consiguió destrabar el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA), allanando el camino para la aprobación del Presupuesto 2026 de la Ciudad de Buenos Aires y de un conjunto de leyes impositivas, que sirven como marco de gestión para el tercer año de mandato del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La convocatoria para sesionar, que inicialmente se había programado para las 11:00, se postergó hasta las 17:00. Sin embargo, alrededor de las 19:00, los legisladores bajaron al recinto y el jefe de la bancada oficialista, Darío Nieto, solicitó un cuarto intermedio hasta las 20:30.

Desde el PRO explicaron que la tardanza se debió a «cuestiones operativas» relacionadas con la versión final de los textos legislativos. Esto se debió a las modificaciones incorporadas a los proyectos en las últimas horas y a la gran cantidad de iniciativas a tratar durante la tarde-noche. La sesión dio inicio pasadas las 21:00.

Se anticipa una jornada legislativa maratónica donde también se debatirá la constitución del Servicio Penitenciario porteño, junto con la ley de Ejecución de Penas, proyectos que gozan de un amplio consenso entre diversas fuerzas políticas. Adicionalmente, se someterán a votación otros 300 despachos incorporados durante una prolongada reunión de Labor Parlamentaria que se extendió por más de dos horas esa mañana.

El proyecto presupuestario del oficialismo cuenta con el apoyo confirmado de la Coalición Cívica (integrantes del interbloque Vamos por Más), la Unión Cívica Radical (UCR) y Volvamos Buenos Aires (la coalición que agrupa al larretismo y Confianza Pública), quienes habían expresado algunas reservas, pero no lo suficientes para bloquear la ley del alcalde. Por su parte, el peronismo de Unión por la Patria anunció su voto en contra.

Tras intensas conversaciones entre el bloque libertario, liderado por Pilar Ramírez (figura cercana a Karina Milei en el distrito), las oficinas de Uspallata y la bancada macrista encabezada por Nieto, que incluyeron sucesivos ofrecimientos y contrapropuestas, las diferencias fueron superadas. En consecuencia, LLA aportará los votos necesarios para alcanzar los 31 requeridos para la sanción de la Ley Madre y sus leyes asociadas: la Impositiva y la Arancelaria, junto con el Código Fiscal. También se prevé tratar una ampliación del Presupuesto 2025 y la ley de Ministerios.

«Hay sesión y los votos están asegurados», confió a Ámbito esa mañana una fuente parlamentaria del PRO de alto rango que participó en las discusiones con la oposición sobre el Presupuesto. Actualmente, el interbloque PRO-CC suma 11 legisladores, siendo la segunda minoría detrás de los 18 representantes de UP. LLA los sigue con 8 bancas y la UCR con 7.

Eje de la Negociación PRO-LLA: Modificaciones en Ingresos Brutos y Sellos

El oficialismo se encuentra en una posición de debilidad parlamentaria que lo obliga a negociar hasta el último momento. Aprovechando este panorama, la bancada libertaria utiliza sus buenos resultados electorales de mayo y octubre como palanca para presionar por cambios en la política impositiva y demandar ajustes en la estructura del Estado.

El entendimiento político entre Mauricio Macri y los hermanos Milei sirvió como una «tregua» implícita, pero una vez concluida la campaña, las conversaciones retomaron una postura más firme para impulsar las propuestas libertarias en el ámbito porteño. Las objeciones de LLA al paquete presupuestario se hicieron visibles públicamente a través de la firma en disidencia del dictamen por parte de Pilar Ramírez, comunicando así al PRO los ajustes necesarios para garantizar su apoyo.

Como ya informó Ámbito, uno de los puntos más sensibles giraba en torno a la redacción del Código Fiscal. La propuesta original del PRO planteaba la exención de pago a los trabajadores no profesionales en las tres categorías de menor base imponible gravada del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos y una bonificación del 75% para las cuatro categorías restantes. LLA, en contraste, exigía el 100% de exención para las primeras 3 categorías y el 75% para las 5 categorías siguientes.

En cuanto al Impuesto a los Sellos, incluido en la Ley Impositiva, el PRO proyectaba una alícuota del 3,5% para las transacciones inmobiliarias. El bloque libertario presentó una contrapropuesta para reducirla al 2,70% para operaciones inmobiliarias de hasta $226 millones y, crucialmente, solicitó la exención del pago a los créditos hipotecarios destinados a vivienda única. «Esto disminuiría el costo financiero de acceder a una casa y revitalizaría un mercado estancado», argumentaron.

Adicionalmente, solicitaron la exención del Impuesto de Sellos al financiamiento de tarjetas de crédito, ofreciendo un alivio a aquellos que atraviesan dificultades financieras. “Si un ciudadano solo puede pagar el mínimo porque no llega a fin de mes, el banco le cobra intereses y, encima, el Estado le aplica un 1,2% sobre esos intereses”, criticaron desde LLA. También propusieron ampliar la exención en Ingresos Brutos para los Fondos Común de Inversión, con el fin de beneficiar al pequeño y mediano ahorrista.

En el contexto de las negociaciones, Uspallata aceptó las propuestas libertarias y dio su visto bueno a los cambios, por lo que se prevé que la versión final del texto cuente con el respaldo de La Libertad Avanza en el recinto esta tarde. El peronismo ya anticipó su rechazo al proyecto, argumentando no haber recibido respuestas a sus propias contrapropuestas, en particular la exención de Ingresos Brutos para todos los monotributistas, una medida aún más amplia que la solicitada por LLA.

La bancada que lidera Claudia Neira también critica que las directrices económicas para 2026 de CABA no priorizan la política de vivienda. «Se están destinando recursos multimillonarios al autódromo, mientras se desatiende la vivienda, no existe una sola política de desarrollo económico y ninguna partida se enfoca en las necesidades actuales de los porteños», denunció recientemente.

El objetivo del PRO es conseguir la aprobación del paquete de proyectos en la sesión de hoy, dado que esta podría ser la última antes del recambio legislativo que se concretará con la jura de los nuevos representantes entre el 3 y el 4 de diciembre. Posteriormente, el PRO pasará a ser la tercera minoría, superada por UP (20 bancas) y LLA (13 bancas).

Las Cifras del Presupuesto 2026 de CABA

La «ley de leyes» impulsada por el macrismo se alinea con las proyecciones macroeconómicas incluidas en el Presupuesto 2026 que Javier Milei envió al Congreso en septiembre. Los cálculos proyectan un crecimiento del nivel de actividad del 5%, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar para fines del próximo año.

En términos estrictos, el Ministerio de Hacienda porteño, bajo la dirección de Gustavo Arengo, estima un gasto total de $17 billones 341 mil millones, que se financiarán con recursos previstos en $17 billones 347 mil millones. Los ingresos y gastos corrientes que CABA proyecta para el ejercicio 2026 arrojan un Resultado Económico Primario de $3 billones 691 mil millones. Asimismo, el Resultado Primario (recursos totales menos gastos totales, sin incluir los intereses de la deuda) prevé un registro superavitario de $259 mil millones.

La variación nominal entre los recursos y gastos de 2025 y los previstos para 2026 representa un incremento de aproximadamente el 27,5%. «Se trata de un presupuesto balanceado por quinto año consecutivo, que alcanza los 17 billones de pesos y que pone énfasis en un plan de obra pública que cuadruplica la inversión en transporte y movilidad”, enfatizó en su momento Arengo, quien destacó que cerca del 62% del total del presupuesto se destinará a partidas sociales para «el cuidado de los ciudadanos». Por ejemplo, Educación recibirá la asignación más alta, con el 20%, seguida por Salud, con el 16,5%.

Además, a diferencia del enfoque Nacional, se prepara una inversión significativa del 20% en obra pública, centrada en la línea F de subte. También se contemplan nuevos ajustes en el impuesto inmobiliario y ABL.

El crecimiento nominal en el cálculo de recursos fue una de las razones que motivó a La Libertad Avanza a solicitar cambios en los detalles del Presupuesto. En las últimas horas, la bancada, a través de la legisladora Marina Kienast, presentó un despacho con observaciones al dictamen señalando que las cifras proyectadas se basaron en un escenario macroeconómico de septiembre, que preveía una inflación de 20-25% para 2026. Sin embargo, recalcan que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) la sitúa en torno al 18,7% interanual.

«En ese contexto, un aumento del 27,5% en recursos y gastos implica un crecimiento real del tamaño del Estado y de la presión impositiva sobre los contribuyentes, más allá de la mera actualización de precios», criticaron. Aunque enfatizaron su apoyo al equilibrio fiscal, remarcaron que este «debe lograrse prioritariamente a través de la reducción del gasto, disminuyendo estructuras, programas y erogaciones políticas innecesarias, y no mediante un aumento simultáneo de impuestos y gastos reales».

Autonomía Porteña: Creación del Servicio Penitenciario a Debate

Otro de los proyectos que se espera que se apruebe por una amplia mayoría es el que propone la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado de la ley de Ejecución de Pena. Con estas iniciativas, el oficialismo busca avanzar en la autonomía porteña y mitigar la crisis carcelaria en comisarías y alcaidías, donde actualmente se alojan más de 2 mil detenidos en condiciones inadecuadas para detenciones prolongadas.

El texto legislativo contempla la formación de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social, con el objetivo de establecer un mecanismo de custodia segura, promoviendo políticas de tratamiento actualizadas, enfocadas en la reintegración social y la reducción de la reincidencia. Además, propone la profesionalización del personal, mejorando las condiciones laborales y estableciendo controles internos y externos.

Para su elaboración, se fusionaron iniciativas presentadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y legisladores del peronismo, la UCR y LLA, lo que augura los votos necesarios para su aprobación en la sesión del 27 de noviembre. El oficialismo, pese a su actual debilidad parlamentaria, podrá anotarse un nuevo éxito derivado del consenso y el debate.

La gestión de la Agencia Penitenciaria y de Reintegración Social y de los Establecimientos Penitenciarios a su cargo será dirigida por personal civil, «basada en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud, el deporte, la cultura y el desarrollo de recursos para concretar el fin de la ejecución de la pena». El personal se dividirá en dos cuerpos: el cuerpo de Agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada enfocada en seguridad, prevención y custodia; y el cuerpo de Agentes de Reintegración Social, compuesto por personal civil profesional, técnico y administrativo, enfocado en el tratamiento progresivo, educación, trabajo, salud mental, lazos familiares y el Plan de Vida de las personas privadas de libertad.

Una de las contribuciones más significativas del proyecto es el Plan de Vida, que consiste en los compromisos y metas acordadas con las personas detenidas para facilitar su reincorporación a la sociedad. La propuesta garantiza el acceso a la educación, la salud, la capacitación laboral y la vinculación social dentro del marco de los objetivos establecidos. Durante este proceso, contarán con el apoyo de personal interdisciplinario.