La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Argentina se despliega este año con una estrategia de visibilidad dividida en dos jornadas clave. Tras un domingo dedicado a talleres, ferias y actividades culturales en diversos puntos del país, el movimiento feminista trasladó la movilización central a este lunes 9 de marzo. La decisión de marchar en un día laboral busca enfatizar el impacto del Paro Internacional Feminista en la economía y la sociedad, bajo una consigna que vincula la lucha de género con el rechazo a las reformas económicas actuales, el ajuste presupuestario y la influencia de organismos internacionales en las políticas públicas.

La concentración principal está convocada para las 16:30 frente al Congreso de la Nación, desde donde las columnas de organizaciones sociales y el colectivo Ni Una Menos iniciarán su recorrido hacia la Plaza de Mayo para un acto central previsto a las 18:30. El reclamo urgente de este año se centra en la persistencia de la violencia extrema; según el observatorio «Ahora que Sí Nos Ven», en lo que va de 2026 ya se han registrado 43 femicidios, lo que arroja una estadística alarmante de un intento de femicidio cada 21 horas. El informe detalla que la mayoría de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas, y subraya que muchas de las víctimas ya habían realizado denuncias previas o contaban con instancias judiciales activas que no lograron evitar el desenlace fatal.

El contexto político añade una capa de tensión a la marcha, debido al profundo recorte en programas estatales de asistencia. Durante el último año, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto con el desfinanciamiento de herramientas críticas como la Línea 144 y el Programa Acompañar, ha generado una fuerte reacción institucional. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) intervino recientemente exhortando al Estado argentino a restablecer los presupuestos destinados a la igualdad de género y a garantizar el acceso a derechos fundamentales como el aborto legal y la educación sexual integral.

Finalmente, la movilización busca no solo denunciar la violencia física, sino también la vulnerabilidad económica que enfrentan las mujeres en el mercado laboral y la función pública. Las organizaciones exigen medidas concretas para revertir la subrepresentación en espacios de decisión y solicitan respuestas institucionales ante el cierre de programas que servían de red de contención para miles de personas. De esta manera, el 8M de 2026 se consolida como una jornada de resistencia que cruza la defensa de los derechos conquistados con la demanda de políticas públicas efectivas y con financiamiento garantizado para frenar la escala de violencia en todo el territorio nacional.